Ministro Pastor rechaza pretensión de modificar proyecto de ley sobre uso de brazaletes electrónicos
Para continuar con la labor destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, anunció la creación de una Comisión sectorial de alto nivel que se encargará de realizar las acciones para modernizar el régimen del trabajador penitenciario.
La mencionada Comisión sectorial estará presidida por el Viceministro de Justicia, Gerardo Castro, y la integrarán el Vicepresidente del INPE, la Secretaria General del Ministerio de Justicia (Minjus), la Jefe del Gabinete de Asesores del Minjus y un representante del Sindicato de Trabajadores del INPE . El trabajo se prolongará por 30 días.
Entre los puntos que la referida comisión evaluará se encuentran el otorgamiento de un seguro de vida; además de impulsar la Ley del trabajador penitenciario que se ha trabajado desde meses anteriores y cuyas observaciones fueron alcanzadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir. “Cualquier problema económico no justifica algunos hechos ocurridos en los días anteriores”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado del viceministro del sector, Gerardo Castro.
Explicó que esta Comisión sectorial además de trabajar estos aspectos puntuales, también debe servir como un espacio de concertación de temas, como el referido a que 625 agentes penitenciarios que deberían estar cuidando la seguridad interna de los penales se encuentren desarrollando actividades administrativas.
“Se necesita aumentar de manera urgente el número de agentes penitenciarios, por ello resulta contradictorio que por un lado se pida un número mayor de agentes y que por otro lado 625 servidores sólo cumplan labores administrativas, sin que ello signifique desconocer los derechos de los trabajadores. Esperamos que en un plazo máximo de 30 días podamos tener resultados que mejoren el status de los trabajadores del INPE y los comprometa más con los temas del sector y los de tipo penitenciario”, refirió.
Rechazo a cambio de proyecto de brazaletes electrónicos
De otro lado, Pastor Valdivieso se refirió al proyecto de ley del uso de los brazaletes electrónicos y aclaró que este beneficio no se extenderá a reos que tengan penas mayores de los ocho años, por ello pidió al Congreso de la República aprobar esta iniciativa legislativa tal como se trabajó en el Consejo de Ministros.
Detalló que el uso de los brazaletes electrónicos sólo puede alcanzar a tres niveles de internos: los que se encuentran en un proceso sin sentencia por un delito cuya pena máxima es de 0cho años; los sentenciados a una sentencia máxima de ocho años, y los que pueden obtener la semilibertad o libertad condicional pero usando este dispositivo electrónico.
“De ninguna manera pueda buscarse que una persona que fue condenada a veinte años, y que por el hecho de estar ocho años en prisión, pueda obtener este beneficio (de los brazaletes electrónicos). Eso lo rechazamos y exigimos que el Parlamento apruebe la propuesta tal y como se planteó desde el principio”, aclaró para luego afirmar que respalda la preocupación del medio que publicó este tema.
Antes de retirarse de Palacio de Gobierno, el ministro de Justicia invocó a la Sala Plena del Poder Judicial a cambiar al juez Jorge Barreto encargado del caso “Petroaudios”.
“Es una preocupación del Poder Ejecutivo, sin pretender interferir en las acciones de la administración de justicia. Nosotros respetamos absolutamente la autonomía del Poder Judicial y su autonomía para impartir justicia. En esta oportunidad hago una invocación y una solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, para que consulte a su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez Barreto en la conducción del proceso que viene llevando a cabo”, dijo.
Además añadió que existe una lógica preocupación del país en el tema. “Nos sumamos a esa preocupación y queremos un proceso absolutamente transparente. Reprochamos que se trate de vincular cualquier decisión que se tome con respecto a beneficios que quieran otorgarse a cualquier persona que esté siendo investigada y respaldamos la absoluta transparencia que debe haber”, concluyó.
Para continuar con la labor destinada a mejorar las condiciones de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso, anunció la creación de una Comisión sectorial de alto nivel que se encargará de realizar las acciones para modernizar el régimen del trabajador penitenciario.
La mencionada Comisión sectorial estará presidida por el Viceministro de Justicia, Gerardo Castro, y la integrarán el Vicepresidente del INPE, la Secretaria General del Ministerio de Justicia (Minjus), la Jefe del Gabinete de Asesores del Minjus y un representante del Sindicato de Trabajadores del INPE . El trabajo se prolongará por 30 días.
Entre los puntos que la referida comisión evaluará se encuentran el otorgamiento de un seguro de vida; además de impulsar la Ley del trabajador penitenciario que se ha trabajado desde meses anteriores y cuyas observaciones fueron alcanzadas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir. “Cualquier problema económico no justifica algunos hechos ocurridos en los días anteriores”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado del viceministro del sector, Gerardo Castro.
Explicó que esta Comisión sectorial además de trabajar estos aspectos puntuales, también debe servir como un espacio de concertación de temas, como el referido a que 625 agentes penitenciarios que deberían estar cuidando la seguridad interna de los penales se encuentren desarrollando actividades administrativas.
“Se necesita aumentar de manera urgente el número de agentes penitenciarios, por ello resulta contradictorio que por un lado se pida un número mayor de agentes y que por otro lado 625 servidores sólo cumplan labores administrativas, sin que ello signifique desconocer los derechos de los trabajadores. Esperamos que en un plazo máximo de 30 días podamos tener resultados que mejoren el status de los trabajadores del INPE y los comprometa más con los temas del sector y los de tipo penitenciario”, refirió.
Rechazo a cambio de proyecto de brazaletes electrónicos
De otro lado, Pastor Valdivieso se refirió al proyecto de ley del uso de los brazaletes electrónicos y aclaró que este beneficio no se extenderá a reos que tengan penas mayores de los ocho años, por ello pidió al Congreso de la República aprobar esta iniciativa legislativa tal como se trabajó en el Consejo de Ministros.
Detalló que el uso de los brazaletes electrónicos sólo puede alcanzar a tres niveles de internos: los que se encuentran en un proceso sin sentencia por un delito cuya pena máxima es de 0cho años; los sentenciados a una sentencia máxima de ocho años, y los que pueden obtener la semilibertad o libertad condicional pero usando este dispositivo electrónico.
“De ninguna manera pueda buscarse que una persona que fue condenada a veinte años, y que por el hecho de estar ocho años en prisión, pueda obtener este beneficio (de los brazaletes electrónicos). Eso lo rechazamos y exigimos que el Parlamento apruebe la propuesta tal y como se planteó desde el principio”, aclaró para luego afirmar que respalda la preocupación del medio que publicó este tema.
Antes de retirarse de Palacio de Gobierno, el ministro de Justicia invocó a la Sala Plena del Poder Judicial a cambiar al juez Jorge Barreto encargado del caso “Petroaudios”.
“Es una preocupación del Poder Ejecutivo, sin pretender interferir en las acciones de la administración de justicia. Nosotros respetamos absolutamente la autonomía del Poder Judicial y su autonomía para impartir justicia. En esta oportunidad hago una invocación y una solicitud al presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, para que consulte a su Sala Plena la posibilidad de cambiar al juez Barreto en la conducción del proceso que viene llevando a cabo”, dijo.
Además añadió que existe una lógica preocupación del país en el tema. “Nos sumamos a esa preocupación y queremos un proceso absolutamente transparente. Reprochamos que se trate de vincular cualquier decisión que se tome con respecto a beneficios que quieran otorgarse a cualquier persona que esté siendo investigada y respaldamos la absoluta transparencia que debe haber”, concluyó.
Fuente: Minjus
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