Pendiente. Cifra es mínima frente a 10,151 funcionarios públicos procesados por ese delito. La mayor parte de las denuncias es por peculado y concusión. Se corre el riesgo de que delitos prescriban.
Solo 159 funcionarios y servidores públicos cumplen pena de prisión efectiva de un total de 10,151 trabajadores estatales procesados por delitos de corrupción, informó el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán Martínez.
El titular de dicho entidad –dependiente del Ministerio de Justicia– indicó que únicamente 1,030 servidores públicos han sido sentenciados por corrupción, pero gran parte de ellos, unos 948, tienen pena suspendida; es decir, que no están en prisión sino en sus casas a pesar de que muchos de ellos le robaron al Estado.
Asimismo, informó que en los procesos por corrupción en curso hay 7,745 denuncias por delito de peculado y 3,003 por concusión; en tanto que 1,452 denuncias son por corrupción de funcionarios, 1,423 por delito de abuso de autoridad y 493 por delito contra la función jurisdiccional.
En municipios y regiones
Juan Farfán dijo que de los 10,151 procesados, el 60% son servidores de municipalidades distritales y provinciales y gobiernos regionales. “No hay región donde no haya funcionario comprometido con actos de corrupción”, apuntó.
El secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado admitió que hay procesos por corrupción que pueden estar prescribiendo, pues los mismos se hacen muy largos.
En tal sentido, dijo que el sistema judicial no ayuda a la lucha contra ese tipo de delitos.
“Si un proceso dura seis años se pierden pruebas. Hay alcaldes que han cometido delitos y han sido reelegidos porque no han recibido una sentencia”, indicó.
Agregó que en otros casos la defensa del inculpado cuestiona al perito o el resultado de su trabajo.
“A veces también uno de los vocales sale de la Sala y se quiebra el proceso. Eso no ayuda a la lucha contra la corrupción”, detalló.
Juan Farfán precisó que los procesos anticorrupción con el antiguo código procesal penal pueden durar varios años, mientras que con el nuevo código procesal se puede tener sentencias en menos de cuatro meses .
“Hay por recuperar S/. 240 millones”
Juan Farfán también reveló que se ha puesto como objetivo recuperar 240 millones de soles de los procesos anticorrupción. Recordó que el año pasado solo se recuperó alrededor de 20 millones de soles.
Señaló que el principal objetivo que tienen los procuradores del Estado en los casos anticorrupción es lograr que se devuelva la mayor cantidad de dinero posible. “Si como procurador quitas sus bienes a los procesados y los rematas, (el acusado) van a sentir la pena porque, para muchos, las penas no efectivas no les afectan”, dijo.
El secretario técnico indicó además que los procuradores exigen a los jueces que para suspender la pena efectiva el procesado garantice el pago de la reparación civil.
Fuente: La República
jueves, 11 de febrero de 2010
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