Ante la reducción de procesos, ya que pasó la etapa de mayor trabajo y el caso ingresa a su última instancia, se ha decidido racionalizar el uso de los recursos de la Procuraduría Ad Hoc dedicada a los casos de Fujimori y Montesinos y reorientarlos hacia áreas de trabajo que tienen una sobrecarga procesal y que necesitan de apoyo urgente, como la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, informó el ministro de Justicia, Aurelio Pastor Valdivieso.
Sobre la decisión de carácter administrativo en la Procuraduría Ad Hoc dedicada a los casos Fujimori y Montesinos, a fin de lograr eficiencia en el trabajo, afirmó que este es un tema que se analiza hace semanas atrás y no es respuesta a un tema específico de coyuntura.
“La Procuraduría Fujimori Montesinos está formada por 16 abogados que le cuestan al país S/. 170 mil mensuales sólo en sueldos, cifra que incluye el del procurador que tiene un ingreso de S/. 15 mil, igual que un ministro; además del ingreso de los adjuntos, que son dos, el cual es de S/. 14 mil.
Esto se justificaba cuando se realizaban 44 procesos y un promedio de tres audiencias semanales por abogado; ahora la Procuraduría realiza 10 actos procesales por semana”, expresó.
Agregó que frente a este panorama se acordó recudir el equipo de la Procuraduría a 8 abogados, que le costará al país alrededor de S/. 50 mil mensuales, y afirmó que la relación de profesionales fue propuesta por el propio procurador Pedro Gamarra.
El ministro Pastor dijo que el presupuesto se reorientará hacia áreas como la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, que actualmente sólo tiene 10 abogados para afrontar 260 procesos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Es urgente apoyar esta área, por ejemplo se tuvo que pedir sesiones temáticas ante la CIDH para englobar los casos ante la carencia de personal y recursos para enfrentarlos”, comentó.
Añadió que, hasta la fecha, el Estado peruano ha tenido que pagar por concepto de sentencias un monto de S/. 62 millones 695 mil 235.35; también refirió que a los 260 casos mencionados se suman los 25 que se encuentran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 19 que se procesan ante el Comité contra la Discriminación de las Naciones Unidas y el Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW).
Añadió que esta reorientación del presupuesto servirá también para impulsar más el trabajo de las procuradurías anticorrupción que funcionan en las regiones, que además tienen el encargo de asumir el tema de orden interno; así como la labor del Consejo Nacional de Derechos Humanos.
“El Presidente de la República crece de un sólido equipo de especialistas en derechos humanos, a pesar que tenemos 304 procesos en marcha”, dijo.
Fuente: Minjus
jueves, 17 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario