La aplicación inmediata del Código Procesal Penal (CPP) para delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos será una herramienta eficaz para combatir este flagelo, afirmó hoy el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
Al sustentar ante la Comisión de Justicia el proyecto de ley que sobre la materia ha presentado el Ejecutivo, sostuvo que en los últimos meses una serie de denuncias sobre supuestos actos de corrupción “han remecido” a la sociedad peruana y puesto en duda la lucha contra este problema.
Señaló también que los mecanismos procesales tradicionales no ofrecen una solución a la lucha contra la corrupción, pues, añadió, el promedio de duración de los procesos que se siguen por la comisión de estos delitos alcanzan los cuatro años, y en algunos casos, hasta diez o doce años.
Mencionó el caso del general Walter Chacón, cuyo proceso duró más de ocho años y no concluyó en una sentencia, sino que hubo una “solución” dictada por el Tribunal Constitucional.
En tal sentido, García Toma dijo que se requiere de una respuesta legal y eficaz del Estado para atacar este problema y que la aplicación del CPP contribuirá a ese propósito.
Ello, señaló, permitirá que los procesos de corrupción sean transparentes, dinámicos y rápidos, que a su vez asistirá a “atacar un viejo mal” del sistema judicial peruano.
“Aquí no se trata de apoyar la impunidad ni apoyar el linchamiento, lo que trata es que haya un proceso claro con garantías para todas las partes a efectos de llegar ala verdad legal”, enfatizó.
El titular de Justicia dijo que en coordinación con el Ministerio Público y el sector Interior, su institución viene promoviendo procesos de capacitación a los operadores del sistema de justicia penal a fin de mejorar el manejo y aplicación del Código Procesal Penal.
Refirió que esta capacitación se ha desarrollado en los distritos judiciales de Ica, Cañete, Lima, Lima Norte, Callao, San Marín, Amazonas, Cajamarca, Ancash y Santa.
Manifestó también que los requerimientos de los recursos para la implementación del CPP podrán mantenerse dentro de la racionalidad, eficiencia y austeridad presupuestaria.
Finalmente, dijo que en el futuro la Contraloría, Sunat y otras entidades administrativas jugarán un rol preponderante en la determinación de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Implementación del CPP, Rafael Donayre, quien acompañó al titular de Justicia en su exposición, estimó que la ejecución de ese instrumento legal demandará un gasto de 32 millones de nuevos soles.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, García Toma informó que en dos semanas el procurador anticorrupción, Pedro Gamarra viajará a Buenos Aires, Argentina para repatriar una caja fuerte que contendría información y dinero de José Enrique Crousillat.
Dijo que el Ministerio de Justicia coordina con las distintas procuradurías para gestionar la detención del ex empresario televisivo, luego que la Cuarta Sala Penal ratificará la orden de captura contra él por el supuesto delito de cohecho.
Fuente: Andina
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