Críticas al accionar de los colegios de abogados existentes en el país, por “proteger” a aquellos afiliados suyos que incurren en actos delictivos, lanzó esta tarde el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
“Gran parte del problema de la corrupción judicial en el Perú proviene de la actuación de los malos abogados”, manifestó, en declaraciones a la prensa.
En ese sentido, recomendó que los entes que agrupan a los letrados robustezcan sus comités administrativos de sanciones, para evitar que continúe la impunidad.
Además, debe de implementarse un registro nacional que enliste a estos profesionales, añadió.
“Hay colegios en los que se protege a elementos que usan el carnet de abogados como un instrumento para delinquir”, manifestó.
En cuanto al registro propuesto, dijo que este serviría para saber cuántos letrados existen en el país.
“El ciudadano también podrá ingresar a él para saber si quien le está ofreciendo sus servicios es profesional o no, y si tiene sanciones en su contra”, añadió.
García Toma hizo estas declaraciones tras su presentación ante la comisión de Justicia del Congreso, realizada esta tarde, donde también tocó este tema.
“Siendo nosotros abogados, debemos reconocer que en nuestro gremio y profesión hay personas que litigan con antifaz”, expresó.
Por ello afirmó que “la lucha contra el ejercicio irregular de la profesión es un fracaso”. “Los colegios profesionales no combaten la mala actuación de los abogados incorrectos y sus procesos administrativos son un saludo a la bandera”, sentenció.
Además, García Toma planteó tomar medidas para evitar la indiscriminada proliferación de facultades de Derecho; varias de las cuales no cuentan con las condiciones necesarias para brindar una buena preparación.
Ante esto, recomendó a la Asamblea Nacional de Rectores establecer como obligatorio el mecanismo de acreditación para dichos centros de estudio.
“Tenemos más de 90 mil abogados, más de 80 mil estudiantes de abogacía y más de 100 centros universitarios con facultades de Derecho, y algunas de ellas funcionan en un garaje,”, criticó. Además, se enseña esta profesión en localidades en las que no existen cortes de justicia, lo que –dijo- resulta ilógico, ya que allí no se podrá litigar.
Luego afirmó que, de aplicarse la acreditación obligatoria a las facultades de Derecho, el Ministerio de Justicia podría consignar toda la información sobre las facultades de Derecho en su página web, a fin de informar a la ciudadanía con qué cuentan estos centros de estudio, para que los estudiantes puedan optar por los que les brindan una adecuada preparación e infraestructura.
Fuente: Andina
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