Para mejorar la protección y defensa legal gratuita de las víctimas de trata de personas, los defensores públicos del Ministerio de Justicia (ex defensores de oficio) están siendo capacitados, a través de la realización de seis talleres en el centro cultural José María Arguedas, que durará hasta el próximo 18 de febrero.
El Ministerio de Justicia y la asociación civil sin fines de lucro, especializada en la lucha contra la trata de personas, Capital Humano y Social, han realizado este ciclo, en el marco del convenio firmado entre ambas instituciones, que busca capacitar a un total de 90 defensores públicos.
La capacitación sobre este delito tiene un especial interés, debido a que se les permite identificar un caso de trata de personas y que el mismo no sea tipificado como otro hecho delictivo.
Cada taller cuenta con la participación de 20 defensores públicos y se realiza a través de una dinámica interactiva grupal, a partir de casos reales, analizando uno nacional, para transmitir, entre otros factores, el rol que cumplen los defensores y otros operadores de justicia.
Para ello, se conforman grupos donde interactúan víctima, inculpado, juez, fiscal, defensor público, medios de comunicación y Policía Nacional.
En simultaneo a estos talleres, se efectúa una campaña contra la trata de personas, con spots radiales y material de difusión que permitirá a la ciudadanía saber cuándo se encuentra frente a este tipo de casos, cómo denunciarlos y, sobre todo, que cuenta con la asistencia legal gratuita del Ministerio de Justicia, mediante los defensores públicos ubicados a nivel nacional.
Como parte del material de trabajo, se entregará a cada participante el Manual para Defensores Públicos y otros Operadores de Justicia, para la asistencia legal a víctimas de trata de personas, especialmente niños, niñas y adolescentes.
miércoles, 16 de febrero de 2011
lunes, 24 de enero de 2011
Realizarán Jornadas de Derecho en el Ministerio de Justicia
Con la finalidad de capacitar en temas legales, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, en el marco de las actividades programadas para el presente año, ha previsto la realización de las jornadas de Derecho.
El objetivo de tan importante evento será brindar información referida a diversos temas de actualidad, con la finalidad de fortalecer el conocimiento de la legislación en los diversos ámbitos del Derecho.
Dicha actividad se realizará los días 25, 26, 27, 28 y 31 de enero del presente año, en el auditorio institucional del Ministerio de Justicia, sito en la Calle Scipión Llona 350 – Miraflores, en el horario de 18.00 a 21.00 horas.
En estas jornadas se abordarán los siguientes temas: Estado de Derecho y Seguridad Ciudadana: Cómo afrontar en Democracia la Inseguridad; Rol del Derecho Administrativo en la Promoción del Libre Comercio: Herramienta para el Crecimiento Económico; Lucha contra la Corrupción: Análisis Socio Económico y Jurídico.
También tratarán otros temas como: Implicancia de la Justicia Alternativa en la Legislación Nacional; Sistematización de la Legislación Nacional: Logros del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ y de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso de la República.
En este evento, participaron los destacados especialistas, como: Dr. Alfonso Gushiken Miyagui, Dra. Lina Dorita Loayza Alfaro, Tte. Gral. PNP Eduardo Jaime Pérez Rocha, Dr. Virgilio Hurtado Cruz, Dr. Alejandro Rospigliosi Vega, Dr. Guillermo Miranda Arosemena; Dr. Fernando Ugaz Zegarra, entre otros.
Dicha actividad académica, congregará a magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados, operadores de justicia, funcionarios y servidores de las instituciones públicas y privadas, estudiantes de Derecho y público en general interesado en los temas.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.
El objetivo de tan importante evento será brindar información referida a diversos temas de actualidad, con la finalidad de fortalecer el conocimiento de la legislación en los diversos ámbitos del Derecho.
Dicha actividad se realizará los días 25, 26, 27, 28 y 31 de enero del presente año, en el auditorio institucional del Ministerio de Justicia, sito en la Calle Scipión Llona 350 – Miraflores, en el horario de 18.00 a 21.00 horas.
En estas jornadas se abordarán los siguientes temas: Estado de Derecho y Seguridad Ciudadana: Cómo afrontar en Democracia la Inseguridad; Rol del Derecho Administrativo en la Promoción del Libre Comercio: Herramienta para el Crecimiento Económico; Lucha contra la Corrupción: Análisis Socio Económico y Jurídico.
También tratarán otros temas como: Implicancia de la Justicia Alternativa en la Legislación Nacional; Sistematización de la Legislación Nacional: Logros del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ y de la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo del Congreso de la República.
En este evento, participaron los destacados especialistas, como: Dr. Alfonso Gushiken Miyagui, Dra. Lina Dorita Loayza Alfaro, Tte. Gral. PNP Eduardo Jaime Pérez Rocha, Dr. Virgilio Hurtado Cruz, Dr. Alejandro Rospigliosi Vega, Dr. Guillermo Miranda Arosemena; Dr. Fernando Ugaz Zegarra, entre otros.
Dicha actividad académica, congregará a magistrados del Poder Judicial, Ministerio Público, abogados, operadores de justicia, funcionarios y servidores de las instituciones públicas y privadas, estudiantes de Derecho y público en general interesado en los temas.
Para mayor información comunicarse con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia.
jueves, 13 de mayo de 2010
Distinguen a siete juristas por su aporte al derecho y defensa del estado constitucional
Siete reconocidos juristas fueron distinguidos por el Ministerio de Justicia con el título “Fortalecimiento del Estado Constitucional de derecho y acceso a la Justicia”, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, académica y laboral.
El titular de Justicia, Víctor García Toma, entregó tal distinción a Delia Revoredo, ex magistrada del Tribunal Constitucional (TC); al ex presidente del Senado, Felipe Osterling Parodi, y a los juristas Vicente Ugarte del Pino y Juan Chávez Molina.
También concedió de manera póstuma a los ex miembros del TC, Manuel Aguirre Roca, y Guillermo Rey Terry, y a Luis Bramont Arias, quienes, indicó, brindaron un importante aporte al estudio y desarrollo del derecho
Este reconocimiento tiene como objetivo afianzar las acciones que realizan los diferentes actores sociales en pro de la inclusión social, el estado constitucional de derecho y acceso a la justicia en el país
García Toma destacó las cualidades de cada uno de los homenajeados y recalcó el trabajo de los abogados que con sus estudios y acciones contribuyeron al sector Justicia.
“Cada uno de los homenajeados expresa un vivaz testimonio de lo que la abogacía puede ser: una actividad noble, digna y comprometida con la vida social”, manifestó.
Por su parte, Delia Revoredo agradeció, en nombre de los homenajeados, la distinción conferida y aseguró que seguirán trabajando por el bien del derecho y la democracia en el país.
“Sabemos que todavía hay mucho por hacer los que quedamos para seguir en pie de lucha cuando se trata de defender el estado de derecho y el acceso a la justicia en el país”, enfatizó.
Durante la ceremonia que se desarrolló en el auditorio del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión de Especialistas para la Eficiencia, Eficacia y Probidad del sector, Juan Jiménez hizo una breve reseña de cada uno de las personalidades distinguidas.
Fuente: Andina
miércoles, 12 de mayo de 2010
Operadores de justicia se capacitan en aplicación del nuevo Código Procesal Penal
Gran acogida tuvo entre los operadores de justicia de Ancash el Seminario Internacional sobre el nuevo Código procesal Penal (CPP) que realizó la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del CPP, del Ministerio de Justicia, en la ciudad de Huaraz.
Al evento asistieron 235 operadores de justicia, entre jueces, fiscales, policías, abogados públicos y privados, estudiantes de derecho y estudiantes de la escuela de suboficiales de la PNP de Yungay.
El seminario contó con un renombrado panel de expositores, integrado por los doctores Mauricio Olave Astorga, juez de audiencias orales (Chile); Nicolás Orellana Solari, Defensor Público del Sur de Santiago (Chile); el vocal supremo provisional, José Neyra Flores; y los jueces superiores de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, José Cabrejo Villegas y Giammpol Taboada, quienes no sólo aportaron sus conocimientos sino también sus experiencias en la aplicación del CPP.
Durante su exposición sobre el tema “El CPP y el Debido Proceso”, el juez chileno recordó a los operadores de justicia que no se debe tratar al imputado como culpable hasta que no haya sentencia que así lo determine.
“En el nuevo Código Procesal Penal se encuentra regulado que el imputado tiene derecho a ofrecer prueba y a interrogar al testigo, así como hallarse presente en el proceso. También estipula el derecho a una defensa de calidad y a un debido proceso”, dijo Olave Astorga.
Por su parte, Giammpol Taboada instó al auditorio a no esperar al 1 de octubre –fecha en que entra en vigencia el CPP en Ancash- para respetar los derechos del imputado que prevé el CPP, sino a realizar esta buena práctica desde ahora.
La clausura estuvo a cargo del vocal supremo (p) José Neyra, quien exhortó a los operadores de justicia de Ancash a capacitarse cuanto antes en el nuevo CPP, unir esfuerzos en el caso de la fiscalía y la Policía Nacional, y dar paso a la oralidad en el caso de los demás integrantes del sistema de justicia, para que la reforma sea un éxito en su distrito judicial.
Con este seminario internacional, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del CPP inicia sus actividades de Difusión y Capacitación en el distrito judicial de Ancash.
Fuente: Minjus
Al evento asistieron 235 operadores de justicia, entre jueces, fiscales, policías, abogados públicos y privados, estudiantes de derecho y estudiantes de la escuela de suboficiales de la PNP de Yungay.
El seminario contó con un renombrado panel de expositores, integrado por los doctores Mauricio Olave Astorga, juez de audiencias orales (Chile); Nicolás Orellana Solari, Defensor Público del Sur de Santiago (Chile); el vocal supremo provisional, José Neyra Flores; y los jueces superiores de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, José Cabrejo Villegas y Giammpol Taboada, quienes no sólo aportaron sus conocimientos sino también sus experiencias en la aplicación del CPP.
Durante su exposición sobre el tema “El CPP y el Debido Proceso”, el juez chileno recordó a los operadores de justicia que no se debe tratar al imputado como culpable hasta que no haya sentencia que así lo determine.
“En el nuevo Código Procesal Penal se encuentra regulado que el imputado tiene derecho a ofrecer prueba y a interrogar al testigo, así como hallarse presente en el proceso. También estipula el derecho a una defensa de calidad y a un debido proceso”, dijo Olave Astorga.
Por su parte, Giammpol Taboada instó al auditorio a no esperar al 1 de octubre –fecha en que entra en vigencia el CPP en Ancash- para respetar los derechos del imputado que prevé el CPP, sino a realizar esta buena práctica desde ahora.
La clausura estuvo a cargo del vocal supremo (p) José Neyra, quien exhortó a los operadores de justicia de Ancash a capacitarse cuanto antes en el nuevo CPP, unir esfuerzos en el caso de la fiscalía y la Policía Nacional, y dar paso a la oralidad en el caso de los demás integrantes del sistema de justicia, para que la reforma sea un éxito en su distrito judicial.
Con este seminario internacional, la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del CPP inicia sus actividades de Difusión y Capacitación en el distrito judicial de Ancash.
Fuente: Minjus
García Toma critica a colegios de abogados que protejen ejercicio irregular de la profesión
Críticas al accionar de los colegios de abogados existentes en el país, por “proteger” a aquellos afiliados suyos que incurren en actos delictivos, lanzó esta tarde el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
“Gran parte del problema de la corrupción judicial en el Perú proviene de la actuación de los malos abogados”, manifestó, en declaraciones a la prensa.
En ese sentido, recomendó que los entes que agrupan a los letrados robustezcan sus comités administrativos de sanciones, para evitar que continúe la impunidad.
Además, debe de implementarse un registro nacional que enliste a estos profesionales, añadió.
“Hay colegios en los que se protege a elementos que usan el carnet de abogados como un instrumento para delinquir”, manifestó.
En cuanto al registro propuesto, dijo que este serviría para saber cuántos letrados existen en el país.
“El ciudadano también podrá ingresar a él para saber si quien le está ofreciendo sus servicios es profesional o no, y si tiene sanciones en su contra”, añadió.
García Toma hizo estas declaraciones tras su presentación ante la comisión de Justicia del Congreso, realizada esta tarde, donde también tocó este tema.
“Siendo nosotros abogados, debemos reconocer que en nuestro gremio y profesión hay personas que litigan con antifaz”, expresó.
Por ello afirmó que “la lucha contra el ejercicio irregular de la profesión es un fracaso”. “Los colegios profesionales no combaten la mala actuación de los abogados incorrectos y sus procesos administrativos son un saludo a la bandera”, sentenció.
Además, García Toma planteó tomar medidas para evitar la indiscriminada proliferación de facultades de Derecho; varias de las cuales no cuentan con las condiciones necesarias para brindar una buena preparación.
Ante esto, recomendó a la Asamblea Nacional de Rectores establecer como obligatorio el mecanismo de acreditación para dichos centros de estudio.
“Tenemos más de 90 mil abogados, más de 80 mil estudiantes de abogacía y más de 100 centros universitarios con facultades de Derecho, y algunas de ellas funcionan en un garaje,”, criticó. Además, se enseña esta profesión en localidades en las que no existen cortes de justicia, lo que –dijo- resulta ilógico, ya que allí no se podrá litigar.
Luego afirmó que, de aplicarse la acreditación obligatoria a las facultades de Derecho, el Ministerio de Justicia podría consignar toda la información sobre las facultades de Derecho en su página web, a fin de informar a la ciudadanía con qué cuentan estos centros de estudio, para que los estudiantes puedan optar por los que les brindan una adecuada preparación e infraestructura.
Fuente: Andina
“Gran parte del problema de la corrupción judicial en el Perú proviene de la actuación de los malos abogados”, manifestó, en declaraciones a la prensa.
En ese sentido, recomendó que los entes que agrupan a los letrados robustezcan sus comités administrativos de sanciones, para evitar que continúe la impunidad.
Además, debe de implementarse un registro nacional que enliste a estos profesionales, añadió.
“Hay colegios en los que se protege a elementos que usan el carnet de abogados como un instrumento para delinquir”, manifestó.
En cuanto al registro propuesto, dijo que este serviría para saber cuántos letrados existen en el país.
“El ciudadano también podrá ingresar a él para saber si quien le está ofreciendo sus servicios es profesional o no, y si tiene sanciones en su contra”, añadió.
García Toma hizo estas declaraciones tras su presentación ante la comisión de Justicia del Congreso, realizada esta tarde, donde también tocó este tema.
“Siendo nosotros abogados, debemos reconocer que en nuestro gremio y profesión hay personas que litigan con antifaz”, expresó.
Por ello afirmó que “la lucha contra el ejercicio irregular de la profesión es un fracaso”. “Los colegios profesionales no combaten la mala actuación de los abogados incorrectos y sus procesos administrativos son un saludo a la bandera”, sentenció.
Además, García Toma planteó tomar medidas para evitar la indiscriminada proliferación de facultades de Derecho; varias de las cuales no cuentan con las condiciones necesarias para brindar una buena preparación.
Ante esto, recomendó a la Asamblea Nacional de Rectores establecer como obligatorio el mecanismo de acreditación para dichos centros de estudio.
“Tenemos más de 90 mil abogados, más de 80 mil estudiantes de abogacía y más de 100 centros universitarios con facultades de Derecho, y algunas de ellas funcionan en un garaje,”, criticó. Además, se enseña esta profesión en localidades en las que no existen cortes de justicia, lo que –dijo- resulta ilógico, ya que allí no se podrá litigar.
Luego afirmó que, de aplicarse la acreditación obligatoria a las facultades de Derecho, el Ministerio de Justicia podría consignar toda la información sobre las facultades de Derecho en su página web, a fin de informar a la ciudadanía con qué cuentan estos centros de estudio, para que los estudiantes puedan optar por los que les brindan una adecuada preparación e infraestructura.
Fuente: Andina
En 18 meses entrará en funcionamiento primera cárcel piloto privada, estima el Minjus
El plan piloto del primer centro penitenciario administrado por el sector privado, entrará en funcionamiento a más tardar en un año y medio, anunció el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien precisó que dicho recinto estará ubicado en Huaral y albergará a 1,536 reos primarios.
Indicó que en abril la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) aprobó las bases para licitar dicha obra, a fin de que una empresa privada tenga a su cargo la administración de ese centro penitenciario.
“Se espera que este plan piloto (de centro penitenciario privado) se implemente a más tardar en un año o año y medio, esto ya está en plena ejecución”, señaló.
García Toma informó también que su sector elabora un proyecto de ley para exceptuar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de los alcances de la Ley General de Presupuesto de 2010 y permitir el nombramiento de 500 agentes de seguridad.
Anotó que de aprobarse esta propuesta, el déficit del personal penitenciario se reducirá a 1,500.
Refirió que está en proceso de elaboración el proyecto de ley del Servidor Penitenciario, el cual implementará un sistema de carrera para los trabajadores penitenciarios.
En otro momento, el titular de Justicia estimó que en un mes y medio estará listo el reglamento de la Ley de Vigilancia Electrónica y destacó la importancia de esta norma por cuanto va a contribuir al deshacinamiento de las cárceles en el país.
INPE tiene a su cargo 71 centros de reclusión a nivel nacional en los que purgan condena y están presos 44,668 internos, siendo su capacidad instalada, según esta institución, 24,984.
El ministro García Toma se presentó esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso donde expuso los lineamientos de su sector y sustentó el proyecto del Ejecutivo que plantea la inmediata aplicación del Código Procesal Penal para los casos de corrupción.
Fuente: Andina
Indicó que en abril la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) aprobó las bases para licitar dicha obra, a fin de que una empresa privada tenga a su cargo la administración de ese centro penitenciario.
“Se espera que este plan piloto (de centro penitenciario privado) se implemente a más tardar en un año o año y medio, esto ya está en plena ejecución”, señaló.
García Toma informó también que su sector elabora un proyecto de ley para exceptuar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de los alcances de la Ley General de Presupuesto de 2010 y permitir el nombramiento de 500 agentes de seguridad.
Anotó que de aprobarse esta propuesta, el déficit del personal penitenciario se reducirá a 1,500.
Refirió que está en proceso de elaboración el proyecto de ley del Servidor Penitenciario, el cual implementará un sistema de carrera para los trabajadores penitenciarios.
En otro momento, el titular de Justicia estimó que en un mes y medio estará listo el reglamento de la Ley de Vigilancia Electrónica y destacó la importancia de esta norma por cuanto va a contribuir al deshacinamiento de las cárceles en el país.
INPE tiene a su cargo 71 centros de reclusión a nivel nacional en los que purgan condena y están presos 44,668 internos, siendo su capacidad instalada, según esta institución, 24,984.
El ministro García Toma se presentó esta tarde ante la Comisión de Justicia del Congreso donde expuso los lineamientos de su sector y sustentó el proyecto del Ejecutivo que plantea la inmediata aplicación del Código Procesal Penal para los casos de corrupción.
Fuente: Andina
García Toma: Nuevo Código procesal será una herramienta eficaz para combatir la corrupción
La aplicación inmediata del Código Procesal Penal (CPP) para delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos será una herramienta eficaz para combatir este flagelo, afirmó hoy el ministro de Justicia, Víctor García Toma.
Al sustentar ante la Comisión de Justicia el proyecto de ley que sobre la materia ha presentado el Ejecutivo, sostuvo que en los últimos meses una serie de denuncias sobre supuestos actos de corrupción “han remecido” a la sociedad peruana y puesto en duda la lucha contra este problema.
Señaló también que los mecanismos procesales tradicionales no ofrecen una solución a la lucha contra la corrupción, pues, añadió, el promedio de duración de los procesos que se siguen por la comisión de estos delitos alcanzan los cuatro años, y en algunos casos, hasta diez o doce años.
Mencionó el caso del general Walter Chacón, cuyo proceso duró más de ocho años y no concluyó en una sentencia, sino que hubo una “solución” dictada por el Tribunal Constitucional.
En tal sentido, García Toma dijo que se requiere de una respuesta legal y eficaz del Estado para atacar este problema y que la aplicación del CPP contribuirá a ese propósito.
Ello, señaló, permitirá que los procesos de corrupción sean transparentes, dinámicos y rápidos, que a su vez asistirá a “atacar un viejo mal” del sistema judicial peruano.
“Aquí no se trata de apoyar la impunidad ni apoyar el linchamiento, lo que trata es que haya un proceso claro con garantías para todas las partes a efectos de llegar ala verdad legal”, enfatizó.
El titular de Justicia dijo que en coordinación con el Ministerio Público y el sector Interior, su institución viene promoviendo procesos de capacitación a los operadores del sistema de justicia penal a fin de mejorar el manejo y aplicación del Código Procesal Penal.
Refirió que esta capacitación se ha desarrollado en los distritos judiciales de Ica, Cañete, Lima, Lima Norte, Callao, San Marín, Amazonas, Cajamarca, Ancash y Santa.
Manifestó también que los requerimientos de los recursos para la implementación del CPP podrán mantenerse dentro de la racionalidad, eficiencia y austeridad presupuestaria.
Finalmente, dijo que en el futuro la Contraloría, Sunat y otras entidades administrativas jugarán un rol preponderante en la determinación de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Implementación del CPP, Rafael Donayre, quien acompañó al titular de Justicia en su exposición, estimó que la ejecución de ese instrumento legal demandará un gasto de 32 millones de nuevos soles.
Posteriormente, en declaraciones a la prensa, García Toma informó que en dos semanas el procurador anticorrupción, Pedro Gamarra viajará a Buenos Aires, Argentina para repatriar una caja fuerte que contendría información y dinero de José Enrique Crousillat.
Dijo que el Ministerio de Justicia coordina con las distintas procuradurías para gestionar la detención del ex empresario televisivo, luego que la Cuarta Sala Penal ratificará la orden de captura contra él por el supuesto delito de cohecho.
Fuente: Andina
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